Fracking, transición energética y desarrollo regional: la disputa que enfrenta Colombia sobre su futuro energético

El debate sobre el fracking resume esa tensión y pone en juego el futuro económico de varias regiones, las finanzas públicas y el modelo de desarrollo que marcará las próximas décadas.

La elección presidencial abrió una nueva etapa para Colombia, pero también dejó sobre la mesa uno de los debates más complejos para la próxima década: cómo garantizar la seguridad energética del país mientras avanza hacia una economía con menores emisiones.

La discusión sobre el fracking y el futuro de la exploración de hidrocarburos va mucho más allá de la política energética. En ella convergen preguntas sobre crecimiento económico, sostenibilidad ambiental, empleo, inversión regional y estabilidad fiscal. Las decisiones que adopte el nuevo gobierno influirán en la disponibilidad de energía, las finanzas públicas y el desarrollo de regiones que durante décadas han dependido de la actividad extractiva.

En el centro del debate aparece una tensión difícil de resolver. Mientras algunos sectores consideran necesario mantener e incluso ampliar la exploración de petróleo y gas para evitar una reducción de las reservas y preservar una de las principales fuentes de ingresos del país, otros sostienen que Colombia debe acelerar la transición energética y disminuir gradualmente su dependencia de los combustibles fósiles.

¿Qué es el fracking y cómo funciona?

El fracking, o fracturamiento hidráulico, es una técnica utilizada para extraer petróleo y gas contenidos en formaciones rocosas de baja permeabilidad, principalmente lutitas o esquistos.

El procedimiento consiste en perforar pozos verticales y horizontales e inyectar grandes volúmenes de agua, arena y aditivos químicos a alta presión para generar fracturas en la roca y liberar los hidrocarburos. La tecnología transformó el panorama energético de Estados Unidos durante las últimas dos décadas y permitió un incremento significativo de la producción de petróleo y gas.

Desde el punto de vista técnico, el diseño y la construcción de los pozos son considerados factores determinantes para reducir los riesgos asociados a esta técnica. Laila Salama, gerente comercial de AB Proyectos S.A., empresa de ingeniería de hidrocarburos, explica que el principal elemento de seguridad no radica únicamente en el proceso de fracturamiento, sino en la forma en que se diseñan, construyen y supervisan los pozos durante toda su vida útil.

"Un pozo correctamente diseñado incorpora múltiples barreras de protección, como revestimientos de acero y cementación de alta calidad, que aíslan las formaciones donde se realiza el fracturamiento de los acuíferos utilizados para el abastecimiento de agua", señaló Salama, que también indicó que estas operaciones incluyen pruebas de integridad antes, durante y después de la actividad, así como sistemas de monitoreo continuo para verificar el comportamiento del pozo y detectar oportunamente cualquier anomalía.

Para Salama, la ingeniería no elimina por completo los riesgos, pero sí permite gestionarlos mediante el diseño, la tecnología, el monitoreo permanente y el cumplimiento de estándares internacionales y de la normativa aplicable. En ese sentido, sostiene que la calidad de la ingeniería y la supervisión rigurosa son factores clave para la seguridad operacional y la protección del medio ambiente.

En Colombia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha identificado recursos potenciales en regiones como el Magdalena Medio. Sin embargo, el país nunca ha desarrollado proyectos comerciales de fracking. Las iniciativas piloto que fueron planteadas en años anteriores quedaron suspendidas en medio de discusiones judiciales, ambientales y sociales.

Con la elección ya definida, el país deberá determinar cuál será el papel de los hidrocarburos durante las próximas décadas. La discusión no se limita a autorizar o prohibir el fracking. También involucra interrogantes sobre cuánto tiempo seguirá dependiendo Colombia del petróleo y el gas, cómo financiará la transición energética y qué alternativas económicas tendrán las regiones cuya actividad productiva está estrechamente vinculada al sector extractivo.

Por su parte, los exministros Amylkar Acosta y Tomás González consideran que ampliar la exploración permitiría sostener la producción nacional y reducir riesgos de desabastecimiento. En contraste, voces como las de Manuel Rodríguez Becerra y Tatiana Roa Avendaño sostienen que insistir en nuevos desarrollos petroleros podría retrasar la transformación de la matriz energética y dificultar el cumplimiento de los compromisos climáticos asumidos por Colombia.

Los argumentos económicos a favor de una mayor exploración

Los sectores que defienden la continuidad de la exploración advierten que Colombia enfrenta una disminución progresiva de sus reservas de petróleo y gas.

La industria de hidrocarburos sigue siendo uno de los principales generadores de divisas del país y una fuente importante de inversión extranjera. Además, los recursos provenientes de las regalías financian proyectos de infraestructura, educación, agua potable y desarrollo local en numerosos municipios.

Desde esta perspectiva, una reducción acelerada de la exploración podría obligar a Colombia a aumentar las importaciones de gas, elevar los costos energéticos y reducir ingresos para el Estado.

También existe preocupación por el impacto sobre el empleo. Miles de puestos de trabajo directos e indirectos dependen de la cadena de valor asociada al petróleo y al gas, especialmente en departamentos como Meta, Casanare, Santander y Arauca.

El impacto sobre las regiones

Las consecuencias de esta discusión se sienten con mayor intensidad en las regiones productoras.

Departamentos como Meta, Casanare, Santander y Arauca han construido parte de su desarrollo económico alrededor de la industria de hidrocarburos. La actividad petrolera ha impulsado el empleo, la contratación de bienes y servicios y la llegada de recursos de regalías destinados a proyectos locales.

Una eventual expansión de la producción podría aumentar esos ingresos. Sin embargo, también persisten preocupaciones relacionadas con la protección ambiental, la disponibilidad de agua y los conflictos sociales asociados a la explotación de recursos naturales.

El desafío consiste en evitar que las economías regionales dependan exclusivamente de una actividad que, por definición, tiene un horizonte limitado y está sujeta a las fluctuaciones del mercado internacional.

Las experiencias internacionales

La experiencia de otros países muestra que no existe una única fórmula para enfrentar este debate.

Estados Unidos impulsó el fracking como una estrategia para fortalecer su seguridad energética y aumentar la producción doméstica. Guyana, aunque no desarrolla recursos no convencionales mediante esta técnica, se ha convertido en uno de los casos más visibles de expansión petrolera reciente y enfrenta el reto de transformar esos ingresos en desarrollo sostenible.

En contraste, varios países europeos han decidido restringir o prohibir el fracking debido a las preocupaciones ambientales y a la oposición de las comunidades.

Panamá, por su parte, ha apostado por una matriz energética con una mayor participación de fuentes renovables y una menor dependencia de los hidrocarburos.

El debate sobre el fracking no se reduce a una discusión entre crecimiento económico y protección ambiental. La verdadera pregunta es cómo garantizar la seguridad energética del país mientras se construye una transición ordenada hacia fuentes más limpias y sostenibles.

Las decisiones que adopte Colombia en los próximos años determinarán la capacidad del país para mantener sus ingresos fiscales, responder a la demanda de energía y ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo a las regiones.

En última instancia, la discusión sobre el futuro de los hidrocarburos refleja un desafío más amplio: encontrar un equilibrio entre las necesidades del presente y las exigencias económicas, ambientales y sociales que definirán el desarrollo del país en las próximas décadas.